Descripción
Existe un consenso internacional en entender que la corrupción es una amenaza para el Estado y el desarrollo sostenible en todas las sociedades del mundo. Asimismo, las empresas públicas y privadas concuerdan en lo perjudicial que la corrupción puede llegar a ser para los negocios y para la reputación de los sectores económicos. Al cumplirse diez años de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por su sigla en inglés), hemos aprendido que los Estados no pueden luchar solos contra la corrupción, que se requieren compromisos y acciones conjuntas con el sector privado y con la sociedad civil. Que estas acciones conjuntas hacen parte de un
proceso de construcción colectiva vital y fundamental que permita efectividad y resultados frente a la lucha contra la corrupción. La corrupción no solo detiene el crecimiento económico, incentiva la competencia desleal, genera riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio para las empresas, sino que encarece sus costos. En los últimos años, las empresas han entendido que los daños que causa la corrupción pueden afectar sus actividades en cualquier sector económico, grandes, medianas o pequeñas, sin importar si son nacionales o multinacionales.
