Descripción
Nadie pone en duda que la independencia y la separación de los poderes públicos son trascendentales e indispensables para el Estado de Derecho. Sin embargo, estos dos poderes no se encuentran en un vacío, son conceptos que se solapan. Para que el sistema funcione y para que la justicia pueda controlar la legalidad y legitimidad de las decisiones políticas, deben interactuar y entrar en diálogo según la teoría americana del checks and balances. Ahora bien, la pregunta es: ¿hasta qué punto debe llegar su interacción y cuándo se vuelve peligroso, cuándo se pierde el balance, cuándo se cruza la línea roja?
El contenido de esta interdependencia integra cuestiones nucleares que encuentran su origen histórico en la pretensión de consolidar el paso del absolutismo a los Estados liberales de derecho y, por supuesto, en la importancia de los controles y limitaciones al poder para proteger las garantías y libertades individuales y sociales. Así, la historia de la estatalidad occidental dio lugar a la promesa de una institución judicial reconocida, independiente e imparcial capaz de no tomar partido en el ámbito político y de funcionar como instrumento al servicio de los derechos de los ciudadanos y de las leyes fundamentales, previamente establecidas, constitucionales y últimamente convencionales. Con ella nació la idea del nexo indispensable entre justicia, control de la administración pública y democracia; y la afirmación de que la estabilidad del sistema judicial es ciertamente necesaria para la paz social y el orden político.
